Ángel Sabín

Por lo público

La LOMCE y la participación en los centros públicos (VI)

De la LOECE al proyecto Wert

Los consejos escolares quedan con funciones residuales

 

La inadecuación del sistema educativo español de la década de los sesenta a las demandas de la sociedad, en la que se estaban produciendo cambios tan significativos en el orden económico, social y cultural, fue reconocida, si bien tardíamente, por el sector tecnocrático del régimen franquista en la Ley General de Educación de 1970. Establece esta que “la educación a todos los efectos tendrá la consideración de servicio público fundamental”, pero los planteamientos de participación no tuvieron desarrollo real, salvo en los informes escritos que  empezaron a darse  a los padres.

Las reivindicaciones de profesores, sindicatos y partidos de izquierda habían confluido, entre 1975 y 1976, en varias “alternativas democráticas de la enseñanza”, que, tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, se concretaron en la Propuesta de Ley de Constitución de Consejos Escolares (PSOE) y en la Propuesta de Estatuto de Centros Docentes (PCE), presentadas en febrero de 1978. En la defensa de esta propuesta, Luis Gómez Llorente concluía: “La democracia en la cual todo lo que se pueda decidir a niveles inferiores no se decida a niveles superiores”. Ambas fueron rechazadas.

El paso siguiente se produce con la LOECE (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, que regula el Estatuto de los Centros Escolares), que presentó el democristiano Otero Novas que, como ministro de Presidencia, fue jefe de Wert, también democristiano.

La LOECE fue un fiasco. Su objetivo fue solo el desarrollo del artículo 27.5, la participación en el control y gestión de los centros sostenidos  con fondos públicos. Elude la consideración de la educación como servicio público fundamental. Se reconoce la participación de profesores, padres, personal no docente y alumnos, pero restrictiva: una sola asociación de padres por centro; participación de alumnos  solo a través de los delegados de curso y las funciones eran todas secundarias, pero ninguna ejecutiva, consultiva o de iniciativa. Recordaba mucho a la “democracia orgánica” franquista. Como órgano colegiado crea el Consejo de Dirección. Su  falta de realismo se ve en que el Consejo de Dirección se debía renovar anualmente.

Lo anterior está referido a los centros públicos, porque en cuanto a los concertados se les dejaba  que hicieran su propio reglamento, fijando una simbólica junta económica, si recibía fondos públicos.

El Grupo Socialista interpuso recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional  declaró nulos los artículos y puntos principales referidos a los centros privados  y, por otra parte, aquellos que no tenían en cuenta las competencias de las autonomías. Tampoco llegó a aprobarse la Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria. Resumiendo, la LOECE fue una frustración en los comienzos democráticos por el planteamiento impositivo del ideario de centros, por establecer una participación solo nominal, sin control de los fondos públicos dados a los centros privados y por la merma de los derechos de reunión y de asociación en los centros.

La LODE se aprobó el 15 de marzo de 1984 y dos días más tarde el Grupo Popular presentó  recurso previo de inconstitucionalidad que paralizó su entrada en vigor hasta    julio de 1985. La participación es un logro en esta etapa a través de la programación general de la enseñanza y de la gestión y control de los centros, ejes de esta ley. Suponía el paso de la escuela autoritaria a la escuela democrática (“escuela pública comunitaria”, título de un libro de V. Mayoral y L. Gómez Llorente). “Todos tienen derecho a la educación”, que se garantiza por los poderes públicos. Del deber del Estado se pasa al derecho de los ciudadanos (profesores, padres y alumnos), que “intervendrán” en su gestión y control.

En la primera parte de la ley se reconocen los derechos de padres y de alumnos así como los derechos generales de los centros públicos y privados. Sin embargo, la parte más importante se refiere a la participación y, especialmente, a la referida a los centros públicos a través del Consejo Escolar, Director y Claustro de profesores. Y, lo nuevo, para hacer posible el derecho de todos a la educación, se establece y regula la participación en los centros privados sostenidos con fondos públicos y se da forma legal y estable a los conciertos, motivo del recurso del Grupo Popular. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para la posterior comparación y valoración del actual Proyecto de la LOMCE. La participación establecida en la LODE es la que ha estado en vigor desde 1985, con leves modificaciones en cuanto a la elección del Director, a la admisión de alumnos y  a la devaluación de las funciones del Consejo Escolar, propuestas en la LOCE  que impulsó el Partido Popular.

Los consejos escolares quedan con funciones residuales

(d-bnews.blogspot.com)

La LOMCE  no tiene una filosofía de la participación. Para seguir  el nuevo proyecto conviene compararla con  la  LOE, Título V, para ver los cambios respecto de los centros públicos:

– Evita la palabra participación y elimina las referencias de la LOE a la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros. Asimismo habla de los órganos colegiados (Consejo Escolar y Claustro de profesores), eliminando la expresión “de gobierno”.

– Normas de organización y funcionamiento de los centros: mantiene que los centros “elaborarán un plan de convivencia”; pero en cuanto a la organización y funcionamiento dice, en párrafo aparte, que los centros “puedan elaborar sus propias normas” y no “elaborarán”.

– Las funciones del Consejo Escolar pasan a ser secundarias y más restrictivas que en la LOECE de 1980. Donde decía la LOE “aprobar”, “decidir”, “fijar”, ahora dice “evaluar”, “informar”. No tiene ninguna función de iniciativa ni decisoria.

–  Las competencias del director se incrementan al asumir las decisorias que tenía el Consejo Escolar (aprobar los proyectos y la programación general anual; decidir sobre la admisión de alumnos, y fijar las directrices de colaboración con otras entidades) más otras nuevas: proyectos de calidad, obtención de recursos complementarios y  selección del profesorado.

– La selección del director, desde la LODE por el Consejo Escolar, ya había sufrido  modificación en la LOCE, que estableció el proceso por una Comisión con representantes de las Administraciones educativas y con un mínimo del 30 % de representantes del centro. La LOE mantiene esta Comisión, pero con variantes significativas: se realizará en el centro; al menos un tercio serán representantes del claustro y otro tercio del Consejo Escolar; debe presentar un proyecto de dirección; da preferencia a las candidaturas de profesores del centro.

¿Qué propone Wert? Como requisito, haber superado un curso de formación; como proceso, vuelve al modelo LOCE y los representantes del centro serán más de un 30 % y menos del 50 %, y se abre la posibilidad a una valoración especial en experiencias de calidad. Desaparece la preferencia del centro. Esto ya se experimentó en la Comunidad de Madrid con la LOCE, ya que aprobó de inmediato el decreto correspondiente y le permitió, de hecho, seleccionar directores a través de los representantes de la Administración en la Comisión, que eran mayoría.

La autonomía de los centros y la calidad merecen especial atención ya que van a posibilitar una red de centros públicos controlada por las Administraciones educativas y sustraída del todo a la participación de la comunidad escolar. Aquí se establecen tres condiciones de la Administración: los centros rendirán cuentas; se publicarán los resultados obtenidos; las administraciones educativas podrán adoptar medidas cuando no se alcancen los niveles adecuados. Pero esto va unido a la promoción de la “especialización curricular de centros” de educación secundaria sostenidos con fondos públicos”, cuyos “aspectos específicos definen el carácter singular del centro”, por lo que se les podrá dar una puntuación en la solicitud de plaza de hasta un 20 % al rendimiento académico, en las enseñanzas postobligatorias. Se podrán asignar más recursos a estos centros y los centros públicos podrán obtener recursos complementarios con la “aprobación del director” (antes del Consejo Escolar). Además, insiste, se reforzará la autonomía y la “potenciación de la función directiva” y, por las acciones de calidad educativa, habrá “medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros”. Y un paso más: estos centros podrán aplicar “modelos de gestión reconocidos en el ámbito europeo”.

Estos proyectos de calidad  supondrán la “especialización de los centros docentes” y las “acciones de calidad serán competitivas” y “supondrán para los centros docentes la autonomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como de los recursos materiales y financieros”. Para esto “el director del centro dispondrá de autonomía” para establecer condiciones de los  funcionarios docentes e interinos, para rechazar a profesores interinos y para proponer a otros profesores, de los que no se especifica que deban ser funcionarios definitivos o interinos. El personal de estos centros tendrá reconocimiento en la provisión de puestos (se entiende fuera del concurso), en la carrera profesional y  “otros” (como pueden ser los complementos económicos). Termina insistiendo en favorecer la función directiva y dotarla de la necesaria autonomía de gestión.

Aquí queda explicitado el gran golpe a la participación en dos partes: una, dejando las funciones del Consejo Escolar como residuales, secundarias y en nada decisorias; otra, creando esta otra red de centros públicos, con control de la Administración sobre  los directores y, a través de estos, de toda la actividad educativa. El director decide todo, rinde cuentas a la Administración y los padres y alumnos son clientes  que tienen que aceptar el “carácter singular del centro”.  Como tiene escrito Wert, “la comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática”.

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