Ángel Sabín

Por lo público

Educación y especulación urbanística: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Construcción y corrupción

El Opus al acecho de las parcelas

(interviu.es) José Manuel Méndez Freijo y su abogado, Gómez de Liaño.

En los últimos años,  nuevas organizaciones religiosas y otras empresas se deciden a crear colegios y universidades y buscan la influencia y el espacio en las nuevas zonas de desarrollo urbanístico. Gobiernos locales o autonómicos encuentran el camino para la privatización de la enseñanza y son los cómplices necesarios.

El nuevo modelo que plantea la LOMCE tiene en Arroyo de la Encomienda otro ejemplo de esta privatización y de los recortes. Si en Colmenar Viejo es el cierre de un colegio público y el mantenimiento de los concertados con escasez de alumnos, en Arroyo se trata de ceder suelo para un nuevo concertado del Opus, cuando faltan colegios públicos de Primaria y no hay ningún instituto. A ese centro concertado  la ley de Wert le ha allanado el camino: el director tendrá todo el poder, segregará a los alumnos por sexo y cobrará cuotas. Y la Junta de Castilla y León sin  presupuesto.

El pueblo: Arroyo de la Encomienda

Según Madoz, “esta población de 14 casas de construcción tan mala, que más bien parecen chozas” ha pasado a ser el pueblo-dormitorio de Valladolid. Aldea medieval, con la iglesia románica  de San Juan,  del S. XII, y con su arroyo que le da nombre, está situada  orillas abajo del Pisuerga, a 7 Km al oeste de Valladolid,  por la carretera a Salamanca.

El objetivo: El desarrollo urbanístico salvaje. Arroyo tenía 321 habitantes en 1900; 795  en 1981; 1.406 en 1991; 4.588 en 2001; y 17.080 en 2013. Es el tercer municipio más poblado de la provincia, exceptuando la capital. Su densidad de población es de 1.420,05 habitantes /Km2 y la de la provincia es de 65,95.

Tiene cinco barrios: Arroyo, el origen con 200 habitantes, y la Flecha que es la primera ampliación; y los barrios nuevos de La Vega, Monasterio y SotoVerde Casas & Golf, “un proyecto único en esta provincia”, según la página del ayuntamiento.

El modo: Construcción y corrupción.

¿Cómo ha pasado Arroyo a tener  17.080 habitantes? Gracias a dos gallegos: José Manuel Méndez Freijo, el alcalde, y Ramón López Casal, administrador de Mahía Grupo Inmobiliario, SL. Méndez Freijo es natural de As Nogáis (Lugo), donde fue concejal por el BNG y luego afiliado al PSDG. Por su actividad profesional, –comercial de máquinas tragaperras-, llega a Arroyo, se casa con una lugareña y hoy tienen la casa más impresionante del lugar. Se afilia al Partido de los Independientes de España, de extrema derecha, para recalar después en el PP, grupo con el que es concejal de Deportes y Medio Ambiente en 1999 y  alcalde en 2003. Ante las denuncias por las licencias urbanísticas, se dará de baja en el PP, pero quiere volar solo y más alto y en 2007 se presenta y gana con su grupo de Independientes Por Arroyo de la Encomienda (IPAE), y saca 6 concejales; PP, 4, y PSOE, 3. En 2011, con 17 concejales según población, arrasa y obtiene 12 concejales; deja 3 al PP y 2 al PSOE. López Casal y Manuel Gómez Maroñas son socios fundadores de Mahía Grupo inmobiliario, SL en 1989, empresa constructora compostelana. Gómez Maroñas es socio a su vez de Méndez Freijo en las tragaperras. Y allá que se van a Arroyo, donde desembarcan en 1999. Como diría unos años después el exsocio Gómez Maroñas, “Mahía no consideraba a Méndez alcalde sino “uno de sus mejores colaboradores y lanzadera” de sus negocios de promoción urbanística en Arroyo de la Encomienda y la provincia de Salamanca”

Manos a la obra

(interviu.es) Ramón López Casal, Administrador de Mahía.

En 2003 comienzan las recalificaciones y Méndez Freijo, ya alcalde, cambia una parcela de suelo industrial a urbano. También se aprobó el actual PGOU de Arroyo que declaró urbanizable el 70 % del término municipal (y aspiraban a que llegara a los 45.000 habitantes), cuando Jesús García Galván, concejal del PP por Valladolid, pasa a ser el Delegado de la Junta de Castilla y León desde 2001 y presidir la Comisión Territorial de Urbanismo. En marzo de 2005 se aprobó el Estudio de Detalle (edificabilidad) presentado por Mahía sobre el SAU-13, recurrido y declarado nulo por sentencia firme del contencioso administrativo y fue desestimado por el alcalde. El tal Estudio de Detalle suponía un incremento notable de la construcción. Lo mismo ocurriría con el SAU-9. Ambos sectores eran propiedad de Mahía desde 2001.

Pero hay una red más amplia de relaciones a través de la empresa municipal de suelo (EMUVA), de otros concejales de Valladolid y sus hijos, contratados por Mahía, y del arquitecto municipal, Conde Salazar, que “obvió las numerosas, patentes y clamorosas ilegalidades que contenía ese Estudio de Detalle, pese a que incluso se habían puesto de manifiesto previamente en el expediente”.

Otro personaje de esta historia es Francisco Javier Cruz Sánchez, concejal de urbanismo en este período,  dimitido y de baja en el PP en 2006 al descubrirse  la sanción impuesta por la Junta de Castilla y León por tener en propiedad dos pisos de protección oficial sin ocupar, además de poseer otras tres viviendas (2 compradas a Mahía en 2005) y varios vehículos.

La compensación

La asociación de vecinos Siglo XXI de Arroyo y la fiscalía dieron lugar a un procedimiento judicial iniciado en mayo de 2006, juzgado en junio de 2013 y sentenciado por la Audiencia de Valladolid el pasado noviembre.

El alcalde, Méndez Freijo, recibió  de Mahía un regalo de 30 millones de pesetas en 2001 y un chalé en Villagarcía de Arosa, en 2004. La Audiencia le condena por prevaricación a 8 años de inhabilitación y por un delito de cohecho  a 3 años de prisión, 8 de inhabilitación  y multa de 132.000 euros; además se le decomisa el inmueble de Villagarcía de Arosa. Del regalo de los 30 millones de pesetas no tiene condena porque había prescrito y se libran también los socios de Mahía, López Casal y Presas Zobra. Manuel Gómez Maroñas aseguró en el juicio que el alcalde percibió “cantidades salvajes” de mordidas de la promotora gallega.

(eldiadevalladolid) Jesús García Galván

Jesús García Galván, el delegado territorial de la Junta, recibió en 2004 de Mahía  un chalé en Mugardos (A Coruña). Estaba acusado de prevaricación y cohecho y fue imputado en 2010. Se le ha absuelto del delito de prevaricación por la aprobación de las normas urbanísticas del SAU-13; el delito probado de cohecho por la dádiva recibida en función de su cargo ha prescrito.

López Casal es condenado, como inductor de un delito de prevaricación, a  7 años de inhabilitación y como autor de un delito de cohecho activo a  3 años de prisión, inhabilitación especial y multa de 132.000 euros.

Conde Salazar, arquitecto municipal, es condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación a  inhabilitación especial para el empleo público o cargo público durante 7 años.

Un último detalle humano del alcalde que, lejos de su tierra, se acordó de su pueblo  gallego de As Nogais y les mandó unos columpios usados de Arroyo. En este caso el tribunal  le absuelve de malversación.

Arroyo fue llamado  la Marbella de Castilla por el “mar de grúas” y por el funcionamiento municipal; otros le dicen “el barrio de las letras”, por los pagos de las hipotecas. Luego llegarían Hipercor y, en una gran victoria del alcalde, el cubo azul de IKEA, eje de su última campaña electoral. Joder, que tropa, como dijo Rajoy.

¿Qué tiene que ver todo esto con la educación?

Hay que dar escuela a esa nueva población. Arroyo tiene 4 colegios públicos o, mejor dicho, 2 (Margarita Salas y Raimundo de Blas) y otros 2 a medias (Elvira Lindo y KanticaArroyo), que llevan tiempo esperando la ampliación, pero el Consejero de Educación, Juan José Mateos, dice que no hay presupuesto, aunque ha llegado a un acuerdo con el alcalde para que el municipio  adelante el coste de esta obra.  Veremos si está lista para septiembre. Es necesario un colegio más y  hay parcela, pero la Junta tampoco tiene dinero.

El gran centro de secundaria

Arroyo de la Encomienda no tiene ningún instituto  ni  FP, a pesar de su población escolar. Pero el alcalde, el mismo  Méndez Freijo y con su experiencia urbanística, propuso, según un diario local, “la aprobación definitiva del PGOU de Arroyo de la Encomienda, previo al cambio de  clasificación de una parcela de 2,5 ha. de Sistema General a Sistema Local de equipamientos. De esta forma, se culminan los trámites legales, se cede el terreno y el adjudicatario logrará que no necesariamente todas las unidades del colegio deban ser concertadas, pudiendo de esta forma, ofertar también estudios de bachillerato y formación no reglada”. El PP se abstuvo y PSOE se opuso.

Y así fue como se habilitó la parcela para su cesión por 75 años para un centro concertado, situada entre Arroyo y Sotoverde, justo al lado del edificio de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. La Junta no reclamó   la parcela para construir un centro público necesario ni impidió que se cediera.

El Opus. La Fundación Arenales

(eldiario.es) Parcela cedida frente a edificio de Consejería de Hacienda. Sindicatos manifestándose en protesta.

El alcalde nombró una Comisión ad hoc para  decidir el adjudicatario, aunque la composición de la misma no llevó a engaño a los sectores educativos de Arroyo y de Valladolid.  Se presentaron  la Sociedad Cooperativa Madrileña Gredos San Diego, que sorprendió a los mismos sectores educativos que se preguntaban por su presencia, y la Fundación Arenales, vinculada al Opus, que segrega por sexo como lo hace en los tres centros que tiene en Alcalá de Henares, Arroyomolinos y Madrid. Esta era la favorita, ya que  el ayuntamiento había dado la gestión de las dos escuelas infantiles municipales a la Fundación Schola del Opus. Y así fue.

Se puso en marcha Arenales y organizó la propaganda en El Corte Inglés de Valladolid y en una caseta en la parcela, recogiendo adhesiones y posibles solicitudes. Montó una campaña de presión a la Consejería para obtener el concierto desde antes de iniciar las obras y queriendo hacer su propio proceso de admisión. Vendía,  desde las escuelas infantiles, un centro con línea 5 en Primaria y un gran centro de secundaria, del que carecía Arroyo.

El proyecto se suspendió a los tres meses porque no era posible legalmente tener el concierto en esas condiciones y porque tampoco había la matrícula necesaria. Quizás pensaban que el trato de favor sería el mismo de Madrid.

Pero el Opus ya tiene otro fracaso en el centro Alcazarén, en el barrio obrero Victoria, de Valladolid, donde empezaron con FP de Hostelería y una formación muy femenina y de pasarela para ampliar a Primaria y ESO y que han tenido que suprimir. Enfrente está el colegio Cristo Rey, de los jesuitas, con otra formación profesional y otra orientación.

La LOMCE. No ha salido la jugada pero esta ley ha venido, a posteriori, en su ayuda, ya que refuerza la “demanda social”  y dice que las “Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes” (Art. 68), eliminando la precisión de la LOE: plazas públicas especialmente en zonas de nueva población. También el Artículo 70 reconoce que “las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”, lo que está haciendo Figar en Madrid. Por eso el alcalde cambió el régimen de la parcela. Y lo remata la LOMCE al reconocer que no son discriminatorios los centros que discriminan por sexo.

La educación pública  y la Consejería de Educación

Hemos visto las necesidades de Arroyo y son las mismas de La Cistérniga, a 5 km al este de Valladolid. En el censo de 2012 tenía 8.449 habitantes, dos colegios públicos, una escuela de educación infantil y sin instituto. Todos estos alumnos, al terminar primaria, tienen que irse a Valladolid, de lunes a viernes, (¿con transporte escolar, comedor?) porque la Junta, dice, no tiene presupuesto. Si hubiera salido el proyecto Arenales, los alumnos no podrían ir a ese centro, privado, salvo pagando la cuota de 120 € que “se dona” en la enseñanza obligatoria, más todas las otras cuotas y las de bachillerato.

La solución que ha encontrado la Junta es la de crear la Unificación Territorial de Admisión (UTA), lo mismo que la “zona única” de Figar en Madrid. Con esta medida distribuirá a los alumnos de los dos municipios por todos los centros de Valladolid capital. 

La vida sigue igual. El pasado 31 de enero dos encapuchados atracaron una sucursal bancaria de la Caixa y se han llevado una cantidad de escasa consideración. Se da la circunstancia de que en noviembre de 2012 atracaron otra de Caja España en la misma zona. ¿Y el alcalde? Pues sigue siendo José Manuel Méndez Freijo, imputado y ya condenado, pero ha recurrido al Supremo, como los otros. Y la Junta sin presupuesto.

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2 pensamientos en “Educación y especulación urbanística: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

  1. Jose Manuel Bartolo9mé en dijo:

    Solo si seguimos luchando por lo público contra todos los corruptos podremos salir adelante.

    • Ángel Sabín en dijo:

      En un Foro de Arroyo, un vecino dejaba como comentario sobre la situación del pueblo esta cita de Aldous Huxley:” No sabemos porque no queremos saber”.

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